Más cambios tributarios

En un año caracterizado por las noticias económicas –nunca antes se había oído, y hablado, tanto sobre la prima de riesgo-, por los constantes cambios normativos y la sucesión de disposiciones imponiendo más y más ajustes, la -de momento- última reestructuración del sistema tributario la encontramos en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Los cambios que más repercusión han tenido –por afectar tanto a particulares como a empresas- son los que se refieren al IVA, cuyos nuevos tipos impositivos entrarán en vigor el próximo sábado día 1 de septiembre.  No se trata solo de que estos hayan aumentado – el general del 18% ha pasado al 21%, y el reducido del 8% al 10%-, sino que algunos bienes y servicios que tributaban al reducido pasan a hacerlo al general.

Pero además del IVA, el mencionado Real Decreto Ley  afecta al  IRPF –con la elevación del tipo de retención aplicable a los servicios profesionales o la eliminación de la deducción por adquisición de la vivienda habitual- y al Impuesto de Sociedades. En relación a este último, algunas medidas  se establecen con carácter indefinido – como las limitaciones a la deducibilidad de los gastos financieros-; otras –compensación de bases imponibles negativas o incremento del importe de los pagos fraccionados en determinados casos-, se aplicarán al presente ejercicio y al siguiente; y, por último,  se introduce un gravamen especial sobre determinadas rentas de fuente extranjera que solo será de aplicación en el ejercicio actual.

Para tener una visión más sistematizada y ordenada sobre estas disposiciones traemos a esta entrada el enlace a la página web de la Agencia Tributaria  que contiene sendas notas sobre las principales novedades, los tipos impositivos del IVA y aclaraciones a cuestiones que las mismas suscitan. Asimismo, destacamos la Resolución de la Dirección General de Tributos de 2 de agosto pasado en el que se clarifica el tipo impositivo a aplicar a determinados productos y servicios.

A la espera de saber si finalmente será al consumidor a quien le salga todo más caro – algunos sectores empresariales se están planteando asumir el coste que esa elevación supone para tratar de incentivar el consumo- lo cierto es que cuestiones tan básicas como equiparse para el inicio del curso escolar, tomarse un café o cortarse el pelo, costarán más.

Hacia la libertad de horarios

Recibidas con desigual grado de satisfacción – aplauso de las grandes superficies y descontento del pequeño comercio- el pasado 14 de julio el Boletín Oficial del Estado publicaba un conjunto de medidas que constituyen un primer paso hacia la libertad de horarios comerciales.

 

La ampliación del horario máximo de apertura semanal en días laborables de 72 a 90 horas,  la elevación de la superficie –de 150 a 300 metros cuadrados- de los locales que disponen de plena libertad horaria, la definición de criterios básicos para la consideración de zonas de gran afluencia turística, o el aumento de 8 a 10 del mínimo de festivos y/o domingos en los que ha de autorizarse la apertura, estableciendo criterios objetivos a tener en cuenta para determinar cuáles sean estos -coincidencia de dos o más festivos seguidos, períodos “señalados” como navidades, etc.-,  son las novedades más destacadas.

 

Asimismo, se contemplan cambios en relación a la regulación de las rebajas y actividades de promoción de ventas, al  suprimirse los dos períodos anuales –verano e invierno- a los que necesariamente habían de ajustarse los comerciantes para ofrecer descuentos, y permitir simultanear las actividades de promoción de ventas en un mismo establecimiento.

 

A la espera de conocer el alcance de su puesta en práctica –durante el ejercicio 2012 continúan vigentes el período estival de rebajas y el calendario de festivos y domingos aprobado- lo cierto es que los hábitos de consumo han experimentado un cambio notable con un incremento, cierto y constatable, del comercio electrónico – al que podría considerarse el verdadero competidor del pequeño comercio: no se puede olvidar que internet está abierto 24 horas al día los 365 días del año-.  Si a ello unimos que  la posibilidad de libertad horaria ya existía para los comercios de menos de 150 metros cuadrados, quizá, estos cambios se deberían acoger no tanto como una “zancadilla” al pequeño comercio sino como un revulsivo que lleve a diversificar la oferta y adaptarla a las necesidades del consumidor que, especialmente en situaciones de crisis, busca otras opciones en su forma de comprar.

 

Declaración Tributaria Especial

Más conocida como “amnistía fiscal”, se trata de una medida introducida por la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por virtud de la cual se pretende que “afloren” rentas que debieron ser declaradas –y no lo fueron- en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Renta de No Residentes y Sociedades.

 

Dicha disposición se vio desarrollada posteriormente a través de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda -Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo- que además de establecer los requisitos y procedimiento a seguir – presentación del modelo 750-, contiene una serie de medidas que hacen posible su cumplimiento.

 

De ambas disposiciones resulta que los contribuyentes titulares –con anterioridad al 31 de diciembre de 2010- de bienes o derechos cuya titularidad se corresponda con rentas no declaradas en los impuestos citados –IRPF, IRNR y IS- disponen hasta el 30 de noviembre de 2012 para regularizar su situación, mediante el pago de un 10% del valor de adquisición de los bienes o derechos dejados de declarar.

 

Estos días, ante ciertas dudas que la puesta en práctica de la medida plantea, la Dirección General de Tributos ha publicado un Informe que pretende clarificar alguno temas que afectan a cuestiones tales como la presentación  por quien no es titular de los bienes o derechos, el alcance de la regularización de dinero en efectivo – posibilidad introducida en la Orden antes mencionada- , la determinación del importe a declarar – no siempre el 10%-, la imposibilidad de aplazamiento o fraccionamiento del pago, la no revisión por la Administración Tributaria de la declaración que se efectúe, entre otras.

 

En definitiva, estamos ante una medida de carácter  excepcional –que no impide, no obstante, la regularización “tradicional” vía declaración complementaria- con la que se aspira a recaudar 2.500 millones de euros.

Cuota Cameral Voluntaria: gasto fiscalmente deducible

El 3 de diciembre de 2010 constituye una fecha clave en la historia de las Cámaras de Comercio, no tanto porque su carácter, su naturaleza, sus funciones se hayan visto alteradas –permanecen intactas: continúan siendo Corporaciones de Derecho Público que persiguen la representación, promoción y defensa de los intereses del comercio, la industria y, en su caso, la navegación- sino porque ha desaparecido el carácter obligatorio de la pertenencia a las mismas, y con él, su más importante fuente de financiación.

 

Ha pasado año y medio desde ese momento y las Cámaras, tras un período transitorio en lo que a recaudación se refiere –de acuerdo con lo establecido por el propio Real Decreto-Ley que modificó su regulación y los criterios interpretativos de la Dirección General de Tributos- continúan cumpliendo con sus funciones –que insistimos, son de carácter público, en tanto que órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas- esta vez, a costa de cobrar por muchos servicios que antes eran gratuitos.

 

A partir de ese momento, las empresas que lo deseen –y solo si así lo quieren – podrán formar parte de la misma, manifestando su voluntad de hacerlo y abonando la cuota que con carácter anual se fije –que podrá ser, como sucede este año, cuota cero-.

 

Una cuota que a efectos fiscales es considerada –así lo ha entendido la Dirección General de Tributos en sendas consultas vinculantes: C3039-11 y C1242-12- como gasto deducible tanto a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas como del Impuesto de Sociedades.

 

En definitiva, la adhesión supone para las empresas gozar del derecho a disfrutar de todos los servicios que las Cámaras ponen a su disposición, con importantes ventajas económicas, y a la Cámara le permite dotarse de los recursos económicos necesarios para que las actividades que desarrolla por y para las empresas, se lleven a cabo en las mejores condiciones y con la más alta eficacia.

Cita con el Registro

Como todos los años por estas fechas las sociedades tienen una cita con el Registro Mercantil: han de depositar las cuentas anuales que previamente los socios aprobaron en Junta General.

 

Esta Cámara de Comercio sabe de primera mano –no en vano durante 16 años sirvió de “enlace” con ese Registro, acercándolo a las empresas que podían, sin necesidad de desplazarse a Pontevedra, realizar los trámites registrales- lo que esa cita supone: convocatoria y celebración de la Junta dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio –normalmente el 31 de diciembre-, certificación de los acuerdos sociales, cumplimentación de los modelos oficiales -con la tarea de recabar la firma de los administradores- … y, sobre todo, largas, larguísimas colas en las dependencias del Registro.

 

Hoy, muchos de esos requisitos se han simplificado; así, la convocatoria de la Junta puede hacerse a través de la página web de la sociedad –a la que dedicamos  nuestra entrada del 4 de abril pasado- y el depósito de documentos no requiere presencia física.

 

Para que esa presentación telemática sea posible es preciso disponer de un certificado digital emitido por una Autoridad de Certificación reconocida. Entre estas se encuentra CAMERFIRMA, cuyos certificados –tanto de persona jurídica como de representante- permiten no solo remitir la documentación requerida sino también firmar los documentos que se envían.

 

Desde la Cámara seguimos empeñados en nuestra tarea de hacerle más fácil la “vida” a las empresas, ya sea poniendo a su disposición una sede física –como hicimos hasta el 2009- donde poder cumplir con sus obligaciones, bien proporcionándoles los medios “digitales” para que éstas resulten menos engorrosas.

 

Más información sobre los certificados digitales de CAMERFIRMA y sus usos en cdigital@camaravigo.com

Medidas de Liberalización del Comercio

El pasado viernes se aprobó el Real Decreto-Ley19/2012, de 25 mayo por virtud del cual abrir un negocio será más fácil. Se trata de eliminar las trabas burocráticas –infinitas- que los emprendedores tienen ante sí cuando deciden iniciar su andadura empresarial.

A partir de ahora, no habrá de esperarse un tiempo –que se vuelve interminable incluso para el más paciente- a que se conceda la licencia de apertura o acondicionamiento del local, sino que una comunicación previa o declaración responsable relativa al cumplimiento de las exigencias impuestas por la normativa vigente y el pago de los preceptivos impuestos, darán luz verde a la puesta en marcha del proyecto.

Más tarde vendrán los controles administrativos que se ocuparán de inspeccionar y comprobar que los requisitos legales han sido cumplidos, pero que este control tenga lugar a  posteriori facilitará el comienzo de las operaciones, animando –o al menos ese es el propósito perseguido- a acometer nuevas iniciativas que, al final, redunden no sólo en este sector sino en la actividad empresarial en general.

La norma está pensada para empresas del sector del comercio minorista –productos alimenticios, bebidas, tabaco, productos textiles, artículos de droguería, limpieza, perfumería, equipamiento para el hogar, etc. –,  pequeña industria artesanal – calzado y confecciones textiles- y actividades de servicios –reparaciones, agencias de viajes, promoción inmobiliaria, servicios de peluquería e institutos de belleza, entre otros- que cuenten con un establecimiento permanente en cualquier parte del territorio nacional y cuya superficie útil de exposición y venta al público no supere los 300 metros cuadrados.

Desde esta Cámara de Comercio de Vigo, que tiene como una de sus misiones primordiales la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, se confía en que las medidas que hoy nos ocupan sirvan de acicate y empuje para un sector que siempre contribuyó al crecimiento de la actividad económica y del empleo.

Más información en jurídico@camaravigo.com

 

El arrendamiento que viene

Entre la avalancha de medidas que al amparo de la “situación actual” –una expresión que tiene sentido en sí misma haciendo innecesario cualquier adjetivo-  nos abruman cada semana, el pasado viernes se anunció una reforma del mercado del alquiler encaminada a fomentar su uso.

 

Flexibilización de los contratos, fortalecimiento de la seguridad jurídica, mejora del procedimiento de desahucio y establecimiento de incentivos fiscales, son los cuatro pilares sobre los que se asientan estas medidas.

 

Para ello y, como principales novedades, se plantean mejoras en las condiciones contractuales –mayor libertad de pactos-; reducción de los plazos de duración “obligatoria”; previsión de un sistema de revisión de la renta al margen del IPC, posibilidad de resolución anticipada por el arrendatario con la simple comunicación previa; recuperación de la vivienda por necesidad del arrendador, aunque no esté contemplado en el contrato; incremento de los efectos de la inscripción en el Registro y agilización del proceso de desahucio.

 

Tratándose de un Anteproyecto de Ley todavía tiene un largo camino por recorrer y no sabemos, por tanto,  cómo será la redacción definitiva, pero estaremos muy atentos –y se lo contaremos- para ver si finalmente se consigue el propósito perseguido, pues la primera impresión a la vista de lo anunciado, nos obliga a ser cautos a la hora de  augurar que estas medidas proporcionen una mayor seguridad jurídica, agilidad y equilibrio entre el propietario y el inquilino, y, en consecuencia, sirvan de aliciente para dinamizar este mercado.

 

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Convenio de doble imposición: Hong Kong más cerca

Hablar de doble imposición fiscal es sinónimo de trabas burocráticas, incremento de la fiscalidad y, en definitiva, de dificultades inversoras. De ahí, que los tratados que persiguen evitarla (CDI) constituyan un elemento esencial para quienes pretenden invertir en el exterior.

España tiene  firmados convenios de este tipo con diferentes estados y en estos días está de actualidad el suscrito con Hong Kong por su reciente entrada en vigor (el pasado día 13 de abril) y, porque, además, a nadie se le escapa el potencial que el continente asiático supone para las empresas: China es, en si misma, el “megamercado” y Hong Kong su principal acceso.

Hasta ahora la consideración de Hong Kong como paraíso fiscal entorpecía enormemente las relaciones comerciales entre España y esta región, por lo que el Convenio al que venimos haciendo referencia -con la eliminación de formalismos administrativos, el incremento de la seguridad jurídica de los inversores y la reducción de la fiscalidad que conlleva- supone un importante paso adelante que, previsiblemente, se traducirá en una mayor presencia de las empresas españolas en aquel territorio.

En un momento como el actual en el que la internacionalización constituye una vía de futuro clara para las empresas españolas, conocer la existencia de este tipo de convenios, su contenido y alcance, se convierte en una pieza clave y fundamental.

Más información: jurídico@camaravigo.com

Empresarios y derechos de los consumidores

La publicación en el DOG el pasado día 11 de abril de la Ley gallega de protección de los consumidores y usuarios, supuso la culminación de una pretensión largamente perseguida de actualizar y adaptar esta materia a las nuevas formas de comercialización y  prestación de bienes y servicios, y a los textos normativos estatales y comunitarios.

En ella, siempre bajo la máxima “pro consumatore” o lo que es lo mismo, aplicación e interpretación de la norma más favorable al consumidor, se consolidan muchos de los derechos ya atribuidos a éste y se consagran otros, especialmente en materia de protección de la salud y la seguridad.

Ese reconocimiento de derechos, conlleva necesariamente un gran número de obligaciones que las empresas que prestan servicios o comercializan bienes han de tener muy en cuenta, y cumplir. Así, a las ya existentes relativas a la información previa a la contratación o las que hacen referencia a la oferta, promoción y publicidad –entre otras-, se añaden unos nuevos deberes como el de diligencia, el de seguridad de los servicios prestados, la exigencia de comunicación de accidentes provocados por productos inseguros, la responsabilidad en materia de documentación, la respuesta a las reclamaciones, etc.

También como novedad para las empresas, se promueve la adopción por éstas de códigos de buenas prácticas y la implantación de sistemas de calidad.

Asimismo, destacamos, por un lado, la previsión de intensificar las labores de vigilancia y control por parte de las administraciones competentes, en relación, sobre todo, a los bienes de uso común, ordinario y generalizado –entre ellos, suministro de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones…-, y, por otro,  la  clara elección del arbitraje y la mediación como formas de resolución extrajudicial de conflictos en esta materia.

Finalmente, recordar que la Cámara de Comercio de Vigo está presente en los Tribunales Arbitrales de Consumo en representación del sector empresarial, en todos aquellos asuntos en los que resulta designada por la Junta Arbitral de Consumo.

Ver Ley 2/2012, de 28 de marzo gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias

Página web en las sociedades de capital

Hoy son pocos los que pueden “escapar” a la influencia de internet y las nuevas tecnologías; se trata de un fenómeno de tal magnitud que ni siquiera las sociedades mercantiles son ajenas a él. Y el legislador no lo puede obviar. Así, poco a poco va dando mayor peso a esta herramienta, incorporando su utilización a ámbitos cada vez más amplios.

En la esfera societaria, si hace poco más de un año (RDL 13/2010, de 3 de diciembre) modificaba la forma de convocatoria de la junta general de las sociedades de capital, al contemplar que ésta se pudiese realizar a través de su página web como alternativa al requisito de la publicación en los periódicos, y seis meses después (Ley 25/2011, de 1 de agosto) regulaba -a través de la introducción del artículo 11bis, titulado “sede electrónica”- el régimen de la página web corporativa; el pasado 16 de marzo –RDL 9/2012 -, vuelve sobre el tema para darle mayor contenido (artículos 11 bis. Página web de la sociedad; 11 ter. Publicaciones en la página web y 11 quater. Comunicaciones por medios electrónicos), potenciando su utilización.

En todo caso, este respaldo al uso de las nuevas tecnologías y el propósito de simplificación y reducción de cargas en los actos ordinarios de la vida societaria que persiguen todas estas disposiciones, no pueden implicar un quebranto en los derechos de los accionistas, acreedores y trabajadores de la sociedad, debiendo dotar a las páginas web corporativas de  las garantías necesarias.

Por ello, se responsabiliza a la sociedad de la seguridad de la página web, de la autenticidad de los documentos publicados en la misma, del acceso gratuito a su contenido, con la posibilidad de su descarga; y, solidariamente con los administradores, del mantenimiento de lo insertado durante el tiempo exigido por la ley.

Y en esa labor de acreditar el cumplimiento de todas estas exigencias, los terceros de confianza constituyen un importante instrumento, al generar, a través de la publicación certificada, evidencias electrónicas del contenido, duración  de la inserción y de su publicación ininterrumpida.

Más información: jesus.pando@camerfirma.com